Por Luis E. Tapia García (@letapiag)

Docente Catedrático Universidad del Norte

En la gestión pública, la evaluación de impacto ha emergido como un instrumento crucial para determinar la efectividad de las políticas públicas. Sin embargo, su adopción sigue siendo desigual y, en algunos casos, insuficiente ¿Por qué? Este déficit no solo limita la capacidad de los gobiernos para identificar políticas exitosas, además, perpetúa prácticas ineficientes que desperdician recursos y frustran las expectativas ciudadanas.

La evaluación de impacto no solo debe entenderse como un simple ejercicio técnico o académico, sino también como una herramienta de transformación administrativa. Los resultados sociales y económicos que genera tienen el potencial de optimizar la toma de decisiones, escalar políticas efectivas y eliminar aquellas que no cumplen sus objetivos. En fin, esta práctica fortalece la transparencia, fomenta la rendición de cuentas y alimenta una relación de confianza entre el Estado y la ciudadanía.

En Colombia, la falta de indicadores claros y accesibles en muchos planes de desarrollo limita la posibilidad de medir de manera precisa el impacto de las políticas públicas. La cultura de evaluación sigue siendo un reto, particularmente en lo local y departamental, donde muchas decisiones se toman sin evidencia sólida. Por lo tanto, es fundamental que las administraciones territoriales integren baterías de indicadores desde la planeación, y que estas sean publicadas de manera transparente para promover un diálogo abierto con la ciudadanía.

Con respecto al poder transformador de la evaluación, existen ejemplos en el contexto internacional que lo demuestran. En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) se ha consolidado como un referente en el análisis proyectivo de políticas públicas. Este organismo autónomo no solo produce análisis rigurosos de la información que arrojan las entidades públicas, también influye en la formulación de políticas más efectivas.

A nivel nacional, el Observatorio de Políticas Públicas para Antioquia (OPPA) ofrece una experiencia destacable. Tras años de un enfoque improvisado y reactivo en la gestión de políticas públicas, la Gobernación de Antioquia implementó, después de 2021, un modelo basado en “empaquetamiento” (packaging). Este enfoque permitió una transición hacia políticas más integrales, diseñadas bajo objetivos claros y alineadas con las necesidades a largo plazo. Este ejercicio investigativo y académico resalta la importancia de contar con un modelo técnico de evaluación que evite los errores del pasado y fomente soluciones sostenibles

No obstante, persisten preguntas críticas sobre las políticas locales y departamentales: ¿Qué impacto real tiene la inversión de los recursos de la tasa de seguridad ciudadana en la reducción del delito en el departamento del Atlántico? ¿Cómo están impactando los recursos de la estampilla Pro Ancianos en la población adulto mayor en el departamento del Atlántico?

La ausencia de respuestas claras en cuanto a la evaluación del impacto de estas políticas, evidenciaría una falencia estructural que debe ser subsanada si aspiramos a una gestión pública eficiente y responsable.

La evaluación de impacto es una necesidad, por cuanto su implementación sistemática no solo optimiza el uso de los recursos públicos, sino que también fortalece las instituciones democráticas al vincular decisiones políticas con resultados verificables. En este sentido, los tomadores de decisiones deben asumir un compromiso firme con la generación y uso de evidencias como eje central de sus estrategias.

El reto es monumental, pero también lo es el potencial de cambio. Solo a través de una evaluación rigurosa, transparente y constante podremos construir políticas públicas que respondan eficazmente a las demandas ciudadanas y generen impactos positivos en el bienestar colectivo.